"La participación de la sociedad civil es indispensable en la Agenda 2030"
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2017 continúa sumando esfuerzos en México, recordando que este año tiene énfasis en el rol de la participación ciudadana para la realización del Objetivo de Educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (referido a la educación a nivel mundial) requiere para su cumplimiento que las y los ciudadanas/os organizadas/os demanden y vigilen al gobierno la adecuación de sus planes y los ejecuten con el monitoreo permanente de la sociedad civil. En este contexto, dialogamos con Silvia Alonso, coordinadora de la Red Incidencia Civil en la Educación (ICE), miembro de la CLADE en México, sobre los avances de esta movilización en el país.
¿Cuál es la importancia de la participación de la Sociedad Civil en el ámbito educativo a nivel mundial?
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) es una iniciativa que busca de manera intensiva visibilizar actividades para ampliar las demandas del derecho a la educación de todas y todos. México se sumó una vez más a esta actividad, particularmente en la difusión de los materiales que elaboró la Campaña Mundial por la Educación (CME), donde exigimos a los gobiernos que cumplan sus promesas para hacer efectivo el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida. Todas las organizaciones que participamos en la Campaña realizamos actividades de forma permanente, pero en especial durante la semana queremos visibilizar de manera colectiva la demanda a los gobiernos para que cumplan sus promesas en lo señalado del Objetivo número 4 de la Agenda Sostenible, referido a la educación.
¿Existen algunos elementos comunes sobre las demandas de educación en Mesoamérica?
En general si, la exigencia de un financiamiento base para la educación debe ser del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Se les demanda a los gobiernos que el financiamiento para la educación sea de 6% y de 20 % del presupuesto nacional como mínimo. En El Salvador se han generado buenos resultados, también en República Dominicana están en proceso algunos avances. En México, el Estado cumple con ese requisito aparentemente, pero no es suficiente, ya que es importante hablar e insistir en la calidad educativa, que no es solo enseñanza y aprendizaje, porque hay que revisar la formación docente, la infraestructura educativa y los procesos educativos en general. Éstas son las cuestiones comunes en Mesoamérica, reconociendo que también hay temas particulares.
¿Cómo está el proceso de participación de la sociedad Civil en México?
En México estamos viviendo un proceso de involución democrática en lo que se refiere a la apertura, alcance y permanencia de espacios de participación ciudadana. La estructura educativa e institucional es muy cerrada. Hay pocos espacios de participación real y no simulada. Desde el 2013 estamos en una situación compleja ya que se aprobó una reforma educativa que no fue consensuada entre los actores de la sociedad civil, docentes y trabajadores. La situación ha creado rechazo por sectores amplios de la población, pero también del Sindicato Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En ese sentido es una relación compleja donde los espacios de participación ciudadana son pocos y de poca incidencia real. Si hay consultas, foros y discusión, pero las recomendaciones de la sociedad civil no se reflejan siempre en políticas públicas de educación.
Si tuviéramos que hablar de la deuda social más importante que el Estado Mexicano tiene en relación a la educación, ¿cuáles sería?
En cobertura es un país que refleja buenos datos. El tema clave tiene que ver con la calidad de la educación, ¿Cómo se está entendiendo la calidad educativa? ¿Cómo se está aterrizando? Recientemente se publicó el nuevo modelo educativo que se desprende de la nueva reforma educativa. En una revisión, parece que está bien planteado en términos discursivos, sin embargo, no queda claro cómo se va a aterrizar el discurso en la práctica. El proceso de formación docente no revela cambios relevantes, el tema de las poblaciones indígenas refleja un gran déficit. Si bien se han hecho esfuerzos interesantes, falta integrar la cosmovisión de los pueblos indígenas en el sistema educativo.
En año pasado en México se aplicaba una prueba estandarizada de evaluación a niños y niñas de primaria y secundaria en centro urbano y rural. A partir de un proceso de reflexión y evaluación se concluyó que había discriminación a las comunidades indígenas con la aplicación de la prueba, y por ello se consiguió cambiar esta manera de evaluación.
El mayor déficit que tenemos está en garantizar una educación contextualizada con la realidad de los pueblos indígenas. Asimismo, la formación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje deben estimular a los niños y niñas a pensar y no a repetir contenidos, a enfrentar la discriminación en la escuela, mejorar la equidad y la inclusión.
Hace unos meses la mira se centró en México por el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿Qué se puede decir sobre la responsabilidad del Estado Mexicano al respecto?
Eso es todo un tema lo que pasó en Ayotzinapa que tiene que ver con toda la educación de las escuelas normales rurales. Son escuelas que han aportado mucho a México y que últimamente están abandonadas por el poco presupuesto público. Hay una amenaza de que pueden desaparecer las escuelas normales rurales, lo que sería una pena.
Lo que pasó en Ayotzinapa es un hecho lamentable que nos avergüenza, que seguimos sufriendo. Se evidencia la criminalización que hay de las expresiones sociales de los jóvenes en general. Eso no debió suceder y las expresiones (de solidaridad) siguen vigentes, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Hay una percepción generalizada de que fue el Estado quien desapareció a esos jóvenes en contubernio con algún grupo criminal o algo. Estos y otros hechos hablan de la criminalización de las protestas. Pocas veces hay respuestas creíbles ante estos hechos y reina la impunidad.
Participaste en el Foro de la Sociedad Civil en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para el seguimiento de la agenda 2030 ¿Por qué la CEPAL podría estar interesada en la agenda 2030?
Recordemos que la agenda 2030 fue adoptada en el seno de las Naciones Unidas en el 2015, y la CEPAL es una instancia regional de la ONU, que hoy es responsable de dar seguimiento a la implementación de la agenda en los diferentes países de la región. Afortunadamente la CEPAL tiene apertura a la participación civil en los asuntos públicos. En la ocasión de este evento, desde la sociedad civil la idea era tener un posicionamiento público ante la implementación de la Agenda 2030. Esperamos que sirva para que exista un mecanismo y modalidades de participación de la sociedad civil en el seguimiento e implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe. Los espacios son insuficientes, reducidos y con poca posibilidad de incidir, ya que las dinámicas son muy formales y permiten a las ciudadanas/os participar como observadores básicamente.
Digamos que en este encuentro había muchas organizaciones de la sociedad civil con diversas agendas, ¿Llegaron a un consenso en torno a una agenda común a pesar de existir una mirada multisectorial y de tantas demandas sociales?
Afortunadamente no se habló de cuestiones particulares y cuestiones temáticas. Lo que se logró como sociedad civil fue la elaboración de un posicionamiento que recogía todas las preocupaciones generales que tenemos como sociedad civil en torno a la implementación de la agenda, así como al monitoreo, seguimiento y participación de la sociedad civil en ese proceso. Se expresó una demanda muy fuerte para que se tome en cuenta la participación de la sociedad civil en la realización de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe, y se amplíen los mecanismos de participación de manera permanente.
¿Qué puntos de la agenda 2030 la sociedad civil no puede perder de vista?
La agenda 2030 debe estar armonizada y permeada con las políticas públicas y planes de los gobiernos, debe haber un proceso de difusión entre la sociedad civil sobre estos compromisos y cómo se van a incorporar en los programas de los Estados. Otros temas tienen que ver con el presupuesto público que se va a destinar para dar cumplimiento a las metas propuestas en los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030. Está pendiente, asimismo, elaborar los indicadores regionales y nacionales para el seguimiento de las 262 metas aprobadas y que corresponden a los 17 objetivos de la Agenda 2030. Como sociedad civil debemos comprometernos a conocer la agenda y sus metas, y a monitorear su cumplimiento y el uso de los recursos públicos para ello.
Lea el documento de Posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible pinchando aquí
¿Hay algún tema relevante que haya llamado la atención durante el Foro de la sociedad civil con la CEPAL para mirar la agenda 2030?
Me llamó la atención la participación del sector privado. Se discutió sobre el sector privado que participa activamente en la agenda. No podemos negar su existencia, y debemos imaginar con mayor atención el diálogo con esta realidad, sin perder los principios irrenunciables del derecho a la educación, que no deben violentarse. ¿Cómo dialogamos con el sector privado involucrado en los procesos educativos?
¿Nos podrías compartir más informaciones sobre la SAME en México?
Se ha programado para 31 de mayo y 1º de junio de 2017, un foro sobre el Objetivo número 4 de educación con el Senado de la República, que aprobó un acuerdo para implementar y hacer seguimiento a la agenda 2030. Nosotros creemos que podemos aportar mucho del tema educativo desde la implementación, monitoreo y evaluación de la agenda. Escuche aquí
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Entrevista: ALER
