SAME 2017 en Colombia insta por la educación, los derechos y la paz

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) y el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz se suman a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2017, con un llamado a la consolidación de la paz en el país y el fin de la criminalización y represión contra defensoras/es de los derechos humanos. Conozca mejor estas y otras demandas en el comunicado de dichas redes de la sociedad civil que compartimos a continuación.

La Semana de Acción Mundial por la Educación SAME 2017 promovida por la CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACION -CME, se centra en exigir la responsabilidad de los Estados en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 EDUCACION, y de una participación plena y activa de la ciudadanía.

Durante la SAME 2017, la Campaña Mundial por la Educación exige a los gobiernos que:

Desarrollen, financien e implementen planes creíbles para la implementación completa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, especialmente del ODS de educación (ODS4).
Fortalezcan los sistemas públicos y las capacidades del Estado para garantizar que la educación sea gratuita, igualitaria y de calidad.
Garanticen que existen mecanismos creíbles y transparentes para la participación de la sociedad civil en los procesos de monitoreo y exigencia de responsabilidades por la agenda ODS4.

En Colombia, la COALICIÓN COLOMBIANA POR EL DERECHO A LA EDUCACION – CCDE- y el FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN LOS DERECHOS Y LA PAZ –FAXE-
nos unimos en esta tarea de la SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN SAME 2017 para ir sumando y precisando propuestas para el país en función de lograr que en Colombia exista el reconocimiento y garantía, reales y plenos, del Derecho Humano a la Educación. En este horizonte la materialización del Derecho a la Educación para todos y todas concurre al proceso de democratización de la sociedad sin el cual los procesos de diálogo y negociación con las insurgencias carecen de sentido y apunta a la construcción de una agenda que propicie la unidad, la participación decisoria, y la movilización para la paz.

En ese sentido proponemos:

Que el Estado garantice mayores recursos para el gasto social, específicamente para la educación, por la vía de la eliminación de exenciones tributarias y el aumento del impuesto a la renta, además, de establecer una regla fiscal que lo comprometa con un gasto sostenido y creciente para garantizar el derecho a la educación con un acceso gratuito y universal, en condiciones de bienestar y calidad, asegurando una canasta educativa que permita la permanencia de los/as estudiantes, así como el mejoramiento de las condiciones laborales de los/as docentes.
Incrementar el presupuesto educativo nacional, significará avanzar hacia una mayor justicia tributaria, lo que implica el desarrollo de sistemas tributarios progresivos, un mayor control sobre la corrupción en todos los niveles y el fin de la evasión fiscal. Las asignaciones financieras destinadas a educación, deben promover la calidad, la igualdad y la diversidad en la educación, dando prioridad a la financiación sostenible para la educación en casos de extrema pobreza, teniendo en cuenta las regiones más empobrecidas y afectadas por el conflicto armado. El Estado colombiano debe pagar las deudas sociales históricas contraídas con la población empobrecida del país.
El conflicto interno colombiano, que lleva más de cinco décadas, ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Algunos departamentos como Cauca, Arauca, Chocó, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Putumayo, han sido los más afectados. Se estima que 5,7 millones de personas, en su mayoría indígenas o afrocolombianas, han sido desplazadas por causa del conflicto armado desde 1985. Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas; por ello consideramos que una educación para la paz debe garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo público y de manera gratuita, de todas las personas afectadas por el conflicto armado, desde su primera infancia y a lo largo de toda la vida; además, dadas las apuestas de construcción de paz en el país, brindar en todo el sistema educativo contenidos y pedagogías que le permitan a la sociedad aprender a tramitar los conflictos de manera no violenta; construir una cultura de derechos humanos, ayudar a construir la memoria colectiva sobre la violencia que hemos vivido durante toda nuestra historia; en este sentido, la educación para la paz es una educación para aprender a vivir en medio de los conflictos inherentes a la sociedad humana.
Promovemos acciones que permitan romper los ciclos de las violencias de género, étnicas, raciales y por diversidad sexual, muy arraigadas en la cultura patriarcal y racista colombiana; por ello consideramos que las partidas presupuestarias de educación, estén dirigidas hacia un impacto diferencial en niñas y mujeres, poblaciones afro e indígenas y otros grupos desaventajados como la niñez con necesidades educativas especiales y la población transgénero, posibilitando la realización de auditorías específicas relacionadas con los avances en género e inclusión. Además, sigue siendo indispensable que el Estado sea un garante real de la educación laica establecida por la Carta Magna.
Consideramos que los planes de educación deben dar una prioridad concreta a cerrar las brechas en la formación docente, garantizando condiciones laborales dignas y la formación permanente del profesorado, financiada con recursos del Estado. Nos oponemos a la flexibilización laboral de las y los docentes en el sector público y privado, y en todos los niveles de la educación. Y respaldamos la aspiración del Magisterio colombiano a que exista un ESTATUTO ÚNICO y justo para el desarrollo de la profesión docente.
La democratización de las instituciones educativas es requisito fundamental para generar una cultura democrática y participativa en nuestro país. Para ello, proponemos el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y la adopción de formas de gobierno internas que garanticen que las comunidades educativas sean las que tomen las decisiones sobre los destinos de colegios, universidades, institutos técnicos y tecnológicos, sedes del SENA, entre otras. Y al interior de estas, fortalecer y ampliar los espacios que viabilicen la participación e incidencia de las niñas, niños y jóvenes. Nos oponemos a la educación estandarizada, que tan solo prepara a sus estudiantes para responder las pruebas internacionales y de esta manera demostrar puntajes más altos, sin garantizar una verdadera educación.
La educación para la democracia es una educación vivamente comunitaria, intercultural, diversa, territorial, y laica. Se orienta a las prácticas del buen vivir con los otros y con la naturaleza. Una educación “al alcance de las niñas y los niños” que superando la cultura de la muerte y la corrupción verdaderamente haga posible una segunda oportunidad sobre la tierra.
El Derecho Humano a la Educación debe ser garantizado de la mejor manera, en cualquier parte de la geografía nacional. Esto implica no solo el fortalecimiento de las instituciones educativas en todas las regiones, sino también el mejoramiento de la educación en las zonas rurales, como una forma de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Adviértase, que la educación rural no debe estar en función del modelo extractivista que ve en las zonas rurales solo lugares para la extracción de recursos, sino que esta educación debe permitir la generación de condiciones de vida digna para las comunidades rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) a partir de la afirmación de sus tradiciones culturales.
Para que todo esto sea posible el Estado colombiano debe garantizar la vida y las libertades democráticas de estudiantes, profesores, de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos. Que cese ya la criminalización de la protesta social, los falsos positivos militares y judiciales, la persecución, detenciones ilegales y la desaparición forzada. Ligado a las víctimas del conflicto se tienen que investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra docentes, estudiantes, universitarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas y comunidades educativas. Nosotras y nosotros también decimos “NUNCA MÁS”.

Les invitamos a participar en el Diplomado “Por el Derecho Humano a la Educación y una política educativa para un país en paz” que desarrollaremos el próximo semestre desde las organizaciones que conformamos el FAXE a nivel nacional y regional, en el que contaremos con participación de movimientos sociales por el derecho la educación de nuestro país, otros países de América Latina y otras regiones del mundo; y con el aval de la Universidad Pedagógica Nacional.

INFORMACIÓN EN:

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz:

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Fuente: CCDE

Colombia